El caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha dado un giro inesperado. El empresario Juan Carlos Barrabés, una figura clave en la investigación, ha sido dado de alta del hospital, lo que ha modificado significativamente el curso de los acontecimientos.
La declaración de Barrabés como testigo se llevará a cabo el próximo lunes en el juzgado, y como resultado, Begoña Gómez ya no estará obligada a asistir en persona. Este cambio deja sin efecto la cédula de citación emitida el 17 de junio, en la que el juez había advertido a Gómez que su no comparecencia podría resultar en una orden de detención.
Contexto Legal de la Declaración de Barrabés
El juzgado había adoptado la medida de requerir la presencia de Gómez debido a que la declaración de Barrabés inicialmente se iba a celebrar como "prueba preconstituida". Esto significaba que podría ser utilizada en un eventual juicio, incluso si el empresario no pudiera asistir por motivos de salud. La Ley de Enjuiciamiento Criminal restringe este tipo de declaraciones a situaciones muy específicas, como cuando existe un temor fundado de muerte o incapacidad física o intelectual antes del juicio oral.
La ley también establece que "la autoridad judicial garantizará el principio de contradicción", asegurando que la defensa letrada esté presente, incluso si la persona investigada no puede asistir. En el caso de Barrabés, el juez activó esta vía el 17 de junio, ordenando que se tomaran las medidas necesarias para recibir su declaración por videoconferencia desde el hospital.
El juez justificó esta decisión señalando que "el estado de salud del testigo no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas íntegras para contestar a las preguntas que se le formulen". Además, consideró que no existía un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo.
Advertencia a Gómez y Revocación
Ese mismo día, se emitió la cédula de citación dirigida a Gómez, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de no comparecer: "Le apercibo que tiene obligación de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención". Tras el alta de Barrabés y la eliminación de la necesidad de la prueba preconstituida, esta advertencia ha quedado sin efecto, permitiendo a Gómez dejar el interrogatorio en manos de su abogado.
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El Interrogatorio a Barrabés
La investigación se centra en dos cartas de apoyo que Gómez firmó en 2020 a favor de una UTE de empresas privadas que se presentó a un concurso de Red.es, un ente dependiente del Ministerio de Economía. Barrabés era el principal accionista de esta UTE y había participado previamente en el diseño de uno de los másteres que Gómez dirigía en la Universidad Complutense.
La UTE finalmente obtuvo adjudicaciones por valor de más de 10 millones de euros de Red.es. Inicialmente, el juez acordó citar como testigos a los directivos que participaron en estas adjudicaciones, pero la Fiscalía Europea intervino, asumiendo la investigación de tres contratos de Red.es que incluían fondos europeos, lo que obligó al juez a anular las testificales.
Adjudicaciones Bajo Escrutinio
A pesar de la intervención de la Fiscalía Europea, el juez Juan Carlos Peinado continúa investigando otras seis adjudicaciones obtenidas por Barrabés: una del Consejo Superior de Deportes, cuatro del Ayuntamiento de Madrid y otra de Red.es que no incluyó fondos europeos.
Además de los contratos en sí, el juez está interesado en "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo, derivadas de la relación existente entre la investigada y el empresario". El interrogatorio del próximo lunes se centrará en estos aspectos.
Petición de Archivo por Parte de Gómez
Por su parte, Gómez ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la causa por supuestos tráfico de influencia y corrupción. Su abogado, Antonio Camacho, argumenta que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" de la que considera que está siendo objeto.
Camacho critica que el auto del 2 de junio, en el que el juez señaló que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial", constituye una "investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático".
La defensa de Gómez denuncia que el auto "no despeja cuáles son los hechos que son investigados en el presente procedimiento" y considera que es "contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución".
En resumen, el caso de Begoña Gómez sigue desarrollándose con nuevos giros y desafíos legales, manteniendo la atención pública y política en España.
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